|
|
|
Editorials | Issues | August 2007
Attorney General Endorses Self-Censorship by Media CENCOS/IFEX go to original
| Attorney General of Mexico, Eduardo Medina Mora (Miguel Ángel Solano - SNE) | Self-censorship a "good strategy" for media to protect themselves, says Attorney General
Mexico City - In the context of insufficient government protection for journalists, the Attorney General of Mexico, Eduardo Medina Mora, has said that he considers it a "good strategy" for journalists working on stories about organized crime not to sign their names to their reports, in order to protect themselves against possible retaliation.
The Attorney General is apparently forgetting that the Judiciary has a constitutional responsibility to guarantee citizens the rights to freedom of expression and to inform and be informed.
In effect, the Mexican state is promoting the techniques of self-censorship that media outlets have been obliged to implement in order to protect the lives of their journalists.
In Sonora state, the newspaper "Cambio" decided to shut down temporarily, in light of repeated grenade attacks against its facilities.
Other media outlets have resorted to self-censorship, altering their editorial line to the detriment of their reading public. These include the newspapers "El Norte" and "Milenio", which decided not to attribute authorship to reports on drug-trafficking, and to refrain from investigating violent incidents beyond the information provided by officials. The same approach has been taken by the newspapers "El Imparcial" in Hermosillo, and "El Mañana" in Nuevo Laredo, as well as by the television station Televisa Monterray.
Similarly, the weekly "Proceso" announced to its readers in its 4 March issue that: "Drug cartels continue to impose their law - the law of blood - throughout the country, despite optimistic official proclamations about the success of combined police-military operations. Given these circumstances, 'Proceso' will, from this issue forward, follow a policy to protect its reporters by not attributing authorship to reports on drug-trafficking. Our publishing house will assume responsibility for the content and truthfulness of these reports."
For its part, the National Commission for Human Rights (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) revealed in a report that, in the last six years, 33 journalists have been killed and six disappeared, apparently for reporting on drug-trafficking.
In response, all the Attorney General has to offer is its support for the Special Prosecutor for Crimes against Journalists (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas), "since legal action is key to combating crime".
Within the framework of international standards and treaties, the government is obliged to act to protect these fundamental rights, all the more so considering Mexico has endorsed various international human rights instruments, such as the American Convention on Human Rights (ACHR) in 1981, and it has accepted the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights since 1998.
These commitments oblige the government to exercise all its powers to defend the full and free exercise of all human rights. Among the rights enshrined in the ACHR is freedom of expression, covered by Article 13, which states: "Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice."
Article 133 of the Mexican Constitution, in turn, asserts the responsibility of the government to live up to all the commitments contained in treaties to which it is signatory.
CENCOS, as a civil society organization concerned for the right to freedom of expression, finds it very unfortunate that the Attorney General has made such a declaration. CENSOS urges the government instead to take concrete actions to protect journalists. It is not enough simply to recognize their work and to endorse their taking recourse to self-censorship.
MORE INFORMATION: For further information, contact Francisco Barrón Trejo, Communications coordinator, or Brisa Maya Solís Ventura, Executive Director, CENCOS, Medellín 33, Colonia Roma, 06700 México, D.F., México, tel: +52 55 55 336 475 / 55 336 476, fax: +52 55 52 082 062, email: cencos@cencos.org, Internet: Cencos.org Procuraduría General justifica la autocensura frente a los peligros crecientes; CENCOS exige al gobierno mejores garantías CENCOS/IFEX go to original
Autocensura, "buena estrategia" de protección para medios, justifica Medina Mora
México D.F. - Ante la falta de garantías del Estado para ejercer el periodismo, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, considera como "buena estrategia" que los profesionales de la información que trabajen investigaciones relacionadas con el crimen organizado no firmen sus notas, para protegerse frente a una posible agresión.
Ante este hecho tan lamentable, el procurador olvida las obligaciones constitucionales que tiene el Poder Judicial con la sociedad para garantizar el respeto a la libre expresión y el derecho a informar y ser informado.
Rebasado por el crimen organizado en materia de seguridad, el Estado mexicano justifica los mecanismos de autodefensa que medios de comunicación se han visto obligados a implementar en su línea editorial para proteger a sus periodistas.
En Sonora, el diario "Cambio" de la Organización Editorial Mexicana, decidió cerrar sus puertas temporalmente ante los atentados que sufrieron sus instalaciones con granadas de fragmentación.
Otros medios que han recurrido a la autocensura, al modificar su línea editorial en prejuicio de su audiencia, son los diarios "El Norte" y "Milenio" que decidieron que los reporteros que cubren información relacionada con el narcotráfico no firmen sus notas, y acordaron que no se profundice en las investigaciones de hechos violentos concretándose a los hechos y la versión oficial, siguiendo la línea que tomaron "El Imparcial" de Hermosillo, "El Mañana" de Nuevo Laredo, así como Televisa Monterrey.
Asimismo, el semanario "Proceso" emitió un aviso a los lectores en su número 1583 del 4 de marzo en el que sostiene:
"Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley - la ley de la sangre - en prácticamente todo el territorio nacional, por encima de las optimistas proclamas oficiales sobre los éxitos de los operativos conjuntos policíaco-militares que emprendió el actual gobierno."
"Dadas esas circunstancias, 'Proceso' asume a partir de este número la política de proteger a sus reporteros y corresponsales presentando ?de manera excepcional ciertas notas y reportajes relacionados con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos, de su veracidad, se hace responsable institucionalmente nuestra casa editorial".
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela en un informe que en los últimos seis años 33 periodistas mexicanos han sido asesinados y seis se encuentran desaparecidos, presuntamente por denunciar actos del narcotráfico.
Al respecto, lo único que ofrece el titular de la PGR es que en breve se reforzará la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, "ya que la denuncia es fundamental en las labores contra el crimen".
En el marco del derecho internacional que protege y promueve los derechos humanos, el Ejecutivo esta obligado a ejercer acciones de vigilancia de dichas garantías fundamentales, además de que el Estado Mexicano ha sido signante de diversos instrumentos de protección internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) desde 1981, aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998.
Al ratificar dichos mecanismos hemisféricos, asume la obligación de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (CIDH, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. Cit., párrafo 166 cita parcial).
Entre los derechos humanos incluidos en la CADH se encuentra el Artículo 13 que refiere a la Libertad de Expresión que en su primer párrafo versa: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."
Citando el Art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados."
Por lo que el Estado Mexicano y los organismos correspondientes, y en especial la Procuraduría General de la República, de la cual emana la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas, tienen la obligación de prevenir y sancionar las violaciones contra la libertad de expresión, periodistas y comunicadores.
Para el Centro Nacional de Comunicación Social AC como parte de la sociedad civil a favor de la protección y garantía a la libertad de expresión, es lamentable que se den estas declaraciones, por lo que exigimos a las autoridades acciones concretas que permitan ejercer este derecho en nuestro país, y no sólo el reconocimiento de funcionarios a la labor periodística y sus mecanismos de autodefensa.
MÁS INFORMACIÓN: Para mayor información, comunicarse con Francisco Barrón Trejo, Coordinador de Comunicación o Brisa Maya Solís Ventura, Directora Ejecutiva, de CENCOS, Medellín 33, Colonia Roma, 06700 México, D.F., México, teléf: +52 55 55 336 475 / 55 336 476, fax: +52 55 52 082 062, correo electrónico: cencos@cencos.org, Internet: Cencos.org |
| |
|